La Fundación Secretariado Gitano documentó casi una discriminación diaria a gitanos el pasado año

Es recurrente: jóvenes a los que se les niega la entrada a la discoteca sin motivo aparente y mujeres que son acosadas por las miradas de los encargados de tiendas y supermercados, o directamente sienten en el cuello su aliento. Viene documentado caso por caso, hasta un total de 334 de todo tipo a lo largo de 2018, en el informe de la Fundación Secretariado Gitano (FSG), el más completo sobre discriminaciones a este colectivo. Después de 15 años de estudios, por primera vez, la FSG lo ha presentado este martes en Andalucía, donde vive prácticamente la mitad de los gitanos de España.

Abogada

Han elegido un barrio del Polígono Sur, habitualmente protagonista de los peores índices de marginación del país, y el público congregado en el centro cultural de la calle Luis Ortiz Muñoz se ha emocionado con historia de la niña que nació y se crió en un albergue en la periferia de Almería, donde vivían más de 150 familias, cada una de ellas en poco más de 30 metros cuadrados. Porque la contaba su protagonista: Maricarmen Cortés Amador. Hoy es una abogada de 40 años y trabaja para la FSG.

“No parezco la típica gitana”, comenta, a la vez que apunta que la delatan sus apellidos para “sorpresa” de muchos de sus interlocutores que no pueden creer que una mujer, obligada a vivir décadas en una infravivienda como otras tantas familias de su etnia, haya llegado a ser abogada. “La gente suele pensar que queremos vivir de esa forma o que una familia que se encuentre en esas condiciones no se preocupa por el futuro de sus hijos o que no quiere que reciban una educación...”. No fue su caso, pero por eso mismo apunta la discriminación del techo que sufren muchos gitanos como uno de los frentes a la hora de pelear por la plenitud de sus derechos.

“Absténganse gitanos”

Expone que en 2018 fueron abordados por la FSG “25 casos de discriminación relacionados con la vivienda”. Desde el típico del anuncio de alquiler “absténganse gitanos” a casos de la gravedad del la familia de Mercedes Borja, a la que por orden del Ayuntamiento de Madrid expulsaron y derribaron su casa en Cañada Real Galiana “sin previo aviso” dejándola en la calle con su marido y tres niños de corta edad. “Me sacaron a golpes, no me dejaron ni coger las medicinas ni la máquina que usaba mi hijo porque nació prematuro”, cuenta. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), tras la denuncia de la FSG, le ha dado la razón por vulneración del derecho a la inviolabilidad del domicilio. Un éxito de la FSG que anima a otros. “Todo el mundo ve que si no nos callamos, vamos a conseguirlo”, dice Mercedes Borja.

O de lo ocurrido a Tomás Fernández, víctima de la intolerancia de un vecindario y cierta pasividad de las autoridades para no hacerle frente. Con cuatro hijos, se vio obligado a ocupar una vivienda en Jaén porque no encontraba para alquilar: “Concertaba por teléfono entrevistas con los propietarios y cuando me veían me ponían miles de excusas”. Dos años después, el banco los desahució de la casa que habían ocupado. “Me entero entonces de que el Ayuntamiento de Jaén tiene un edificio con tres viviendas y que se las ofrece a Cáritas para que las gestione, pero con una condición: que no meta a familias ni gitanas ni inmigrantes porque los vecinos no quieren”, narra. Finalmente, Cáritas no aceptó esa exigencia y no hubo cesión, pero el Ayuntamiento de Jaén tampoco se la ofreció a esta familia. “La única alternativa que me dieron fue irme a 50 kilómetros de Jaén”, concluye mientras no pierde la esperanza de poder volver a su ciudad.

Los más comunes

Esto en cuanto a vivienda, pero las discriminaciones se han constatado en los medios de comunicación e Internet, con un total de 121 casos y muchos ejemplos de menciones innecesarias a la etnia de los protagonistas de una noticia; en el empleo, con 56, entre otros, de rechazos para un contrato en el último momento tras darse cuenta de que el aspirante era gitano; en acceso a bienes y servicios, con 57 como los mencionados en el primer párrafo, sobre todo; en la educación, con 31 denuncias de acoso escolar; e incluso por parte de la policía (12) o en servicios de salud (10).

Son 102 casos más que en el informe del año pasado pero, como ha interpretado Juan Reyes, director de la fundación en Andalucía, “no tiene que significar necesariamente que se hayan producido una subida tan elevada en este tipo de discriminaciones, sino que vamos a creer que se denuncian más porque las víctimas se están empoderando”.

Pero igual que otros asistentes, como la diputada electa por Sevilla, Beatriz Carrillo, otra gitana fuera de estereotipos y que lidera la organización Fakali, o la propia consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, han insistido en que no se puede bajar la guardia porque el antigitanismo sigue presente, como el rechazo a los inmigrantes o a los menores inmigrantes no acompañados, que las dos han condenado sin ambages. 

El director de la FSG, Isidro Rodríguez, ha querido, no obstante, lanzar un mensaje de optimismo, porque se ha avanzado. Después de reivindicar nuevamente que se desarrolle la Ley de Igualdad de Trato y no Discriminación, ha aplaudido pasos como el compromiso del Gobierno de España de incluir en los próximos datos sobre delitos de odio un desglose de los casos de antigitanismo, “como una forma de visibilizar más esta realidad”.